jueves, 19 de junio de 2014

Corrupción en Honduras


Corrupción en Honduras 



De una lista de 177 países, Honduras ocupa la grada 140, o sea una de las más altas en corrupción a nivel mundial, lo que en estos tiempos ya no sorprende a nadie, mucho menos a los hondureños.
La clasificación de Transparencia Internacional (TI), que en ocasiones da la impresión de que, con determinados países, remarca el acento por razones político-ideológicas, es muy importante porque significa una denuncia internacional de peso, y, a la vez, porque es un aldabonazo para los gobiernos y la sociedad civil de los países afectados.
En cuanto a Honduras, la novedad –si en verdad lo es—consiste en que de 2009 a 2013 ha habido un significativo avance (negativo) en el índice de percepción de corrupción, nada menos que de 10 puntos. Nuestro país pasó de 130 a 140 en ese quinquenio, precisamente en el prolongado lapso de quiebre institucional.

En el transcurso de esos cinco años el declive hacia la corrupción ha sido progresivo e indetenible, y es un hecho que en 2013 –año político, se dice—hubo verdadera eclosión. Basta con observar la escandalosa factura de la propaganda política, que fácilmente superó los 2,500 millones de lempiras, casi en su totalidad provenientes de fondos públicos, y del que nunca se sabrá la cifra aproximada o la exacta por carencia de rendición de cuentas.
Entre nosotros, los hondureños, hay una percepción –más que conocimiento—de la magnitud de la corrupción, que es parte sustancial de elevado índice de pobreza, de un poco más del 70% de nuestra población, de casi 9 millones de habitantes.
Esa percepción real de nuestra población coincide, por supuesto, con el índice de Transparencia Internacional. Sin embargo, cabe señalar que, desde la característica del aldabonazo, la debilitada institucionalidad y la vista gorda de la sociedad no dan muestra de escucharlo, pero sí de darle oídos sordos.
Todos entendemos, efectivamente, que la corrupción afecta todo el tejido social, el andamiaje político y la estructura económica, pero ha penetrado de manera tan profunda que desde hace bastante tiempo pasó a ser eje principal del sistema. Por esa razón, el combate a la corrupción en Honduras tendría que ser hercúleo.

¿Cómo lograr semejante fuerza y convicción para emprender la intrincada lucha contra la corrupción, en tanto significa un combate contra el sistema? ¿No estamos viendo, en un momento de intensa sensibilidad política y social, el comportamiento de la “clase política” y de las instituciones políticas históricas, con su inveterada negación a la rendición de cuentas, y, por consiguiente, en defensa de la impunidad?
De continuar con ese comportamiento sistémico y sin la estructuración de una sociedad civil consciente, actuante, protestataria, contestataria, en un clima de verdadera libertad de expresión, en el que las personas, los colectivos sociales y los medios de comunicación cumplan con su verdadero papel fiscalizador, nuestro país seguirá escalando la pirámide de corrupción diseñada por TI, y, naturalmente, continuará en el crecimiento de la pobreza, la violencia y la disolución social.

Solución al Problema 
Entre los problemas "más graves" de derechos humanos en Honduras figuran la corrupción, la intimidación y la debilidad institucional del sistema de justicia, lo que lleva a una "impunidad generalizada", según el Gobierno de Estados Unidos.
Además, durante 2013 se registraron homicidios "arbitrarios" cometidos por las fuerzas de seguridad y continuaron los asesinatos de indígenas y trabajadores agrícolas en zonas rurales, incluyendo la región del Bajo Aguán.
El Gobierno hondureño "tomó medidas" para enjuiciar y castigar a los funcionarios que cometieron abusos, pero "la corrupción, la intimidación y el mal funcionamiento del sistema de justicia" siguen siendo "serios impedimentos" para la protección de los derechos humanos.


La corrupción es un flagelo que afecta la vida de miles de compatriotas, extendiendo su manto nefasto hasta lo más recóndito del accionar de la nación. Es inconcebible como la ambición corrompe el alma de muchos hondureños, quienes en su afán de acumular riquezas se olvidan de principios éticos y morales y de la solidaridad que debemos tener hacia los más necesitados. En Honduras la corrupción está presente bajo todas las formas imaginables; desde las emergencias ficticias para adjudicar contratos amañados, el nepotismo para usar los familiares como vehículos para aprovecharse del poder y los pagos debajo de la mesa para obtener contratos, beneficios fiscales, concesiones o agilizar los trámites hasta la utilización de los recursos públicos para campañas políticas, como lo está haciendo actualmente en forma descarada uno de los aspirantes del partido en el poder.
La corrupción beneficia a unos pocos, pero perjudica a millones de personas. El mal uso de los impuestos que pagamos los contribuyentes -que sustentan más del ochenta por ciento del presupuesto- hace que los hondureños pobres no puedan tener acceso a servicios de salud eficientes y oportunos; que la educación sea de pésima calidad y que no se reciban los días de clase que se necesitan; que no se puedan realizar las inversiones en infraestructura para mejorar la competitividad del país y que, cuando se hacen, resulten de tan mala calidad que los puentes se caen antes de inaugurarlos.
Honduras ha sido descalificada por segunda vez de la Cuenta del Milenio, por medio de la cual se pueden obtener importantes recursos de donación para financiar proyectos que contribuyan a acelerar el crecimiento económico y la reducción de la pobreza. La principal causa detrás de esta descalificación es precisamente la falta de transparencia y la corrupción.
En cuanto a la criminalidad, los recientes sucesos que han dejado al descubierto la podredumbre que afecta a la Policía no han hecho nada más que incrementar exponencialmente el temor y el estrés en que vivimos los hondureños. Muchos barrios y colonias están instalando portones o casetas de seguridad para restringir el acceso, lo cual significa que los ciudadanos honestos estamos viviendo enjaulados mientras los criminales deambulan libremente por las calles ¡qué paradoja!
La lucha emprendida por la rectora Julieta Castellanos para la depuración y estructuración total de la Policía debe tener el apoyo del resto de la ciudadanía, porque será la única forma por la que los políticos se verán forzados a actuar. Hay que perder el temor y no esperar hasta que también seamos víctimas de esta violencia criminal. Mientras tanto, los altos funcionarios ahora se desplazan en helicópteros, aun dentro de la ciudad, por la inseguridad y violencia, un lujo que no nos podemos dar todos los hondureños.
El desempleo es otro mal que afecta a millones de hondureños, desempleados o subempleados, con las consecuencias negativas para ellos y sus familiares. Pero cómo se va a generar empleo cuando por un lado tenemos la violencia y la criminalidad y por otro la inseguridad jurídica, que son anatemas para atraer inversión privada. Honduras no es una isla y tiene que competir con otros países para atraer inversión.
Para tener éxito y aprovechar nuestras ventajas de estar cerca del mercado más grande del mundo, tenemos que ofrecer mano de obra calificada, un clima de seguridad física razonable, seguridad jurídica, respeto a la propiedad privada y un clima de negocios donde una empresa honesta pueda competir con base a eficiencia y calidad y no por contubernio con funcionarios públicos.
Estamos a las puertas de un nuevo año y los hondureños honestos debemos prepararnos para luchar por cambios estructurales en nuestro país, porque el imperio de la ley funcione, por adecentar las instituciones públicas y por el castigo a los violadores de la ley.
Luchemos por un país donde busquemos el bien común, con oportunidades para todos, para que podamos vivir en paz y armonía.



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