Corrupción en Honduras
De una lista de 177
países, Honduras ocupa la grada 140, o sea una de las más altas en corrupción a
nivel mundial, lo que en estos tiempos ya no sorprende a nadie, mucho menos a
los hondureños.
La clasificación de
Transparencia Internacional (TI), que en ocasiones da la impresión de que, con
determinados países, remarca el acento por razones político-ideológicas, es muy
importante porque significa una denuncia internacional de peso, y, a la vez,
porque es un aldabonazo para los gobiernos y la sociedad civil de los países
afectados.
En cuanto a
Honduras, la novedad –si en verdad lo es—consiste en que de 2009 a 2013 ha
habido un significativo avance (negativo) en el índice de percepción de
corrupción, nada menos que de 10 puntos. Nuestro país pasó de 130 a 140 en ese
quinquenio, precisamente en el prolongado lapso de quiebre institucional.
En el transcurso de
esos cinco años el declive hacia la corrupción ha sido progresivo e
indetenible, y es un hecho que en 2013 –año político, se dice—hubo verdadera
eclosión. Basta con observar la escandalosa factura de la propaganda política,
que fácilmente superó los 2,500 millones de lempiras, casi en su totalidad
provenientes de fondos públicos, y del que nunca se sabrá la cifra aproximada o
la exacta por carencia de rendición de cuentas.
Entre nosotros, los
hondureños, hay una percepción –más que conocimiento—de la magnitud de la
corrupción, que es parte sustancial de elevado índice de pobreza, de un poco
más del 70% de nuestra población, de casi 9 millones de habitantes.
Esa percepción real
de nuestra población coincide, por supuesto, con el índice de Transparencia
Internacional. Sin embargo, cabe señalar que, desde la característica del
aldabonazo, la debilitada institucionalidad y la vista gorda de la sociedad no
dan muestra de escucharlo, pero sí de darle oídos sordos.
Todos entendemos,
efectivamente, que la corrupción afecta todo el tejido social, el andamiaje
político y la estructura económica, pero ha penetrado de manera tan profunda
que desde hace bastante tiempo pasó a ser eje principal del sistema. Por esa
razón, el combate a la corrupción en Honduras tendría que ser hercúleo.
¿Cómo lograr
semejante fuerza y convicción para emprender la intrincada lucha contra la
corrupción, en tanto significa un combate contra el sistema? ¿No estamos
viendo, en un momento de intensa sensibilidad política y social, el
comportamiento de la “clase política” y de las instituciones políticas
históricas, con su inveterada negación a la rendición de cuentas, y, por
consiguiente, en defensa de la impunidad?
De continuar con
ese comportamiento sistémico y sin la estructuración de una sociedad civil
consciente, actuante, protestataria, contestataria, en un clima de verdadera
libertad de expresión, en el que las personas, los colectivos sociales y los
medios de comunicación cumplan con su verdadero papel fiscalizador, nuestro
país seguirá escalando la pirámide de corrupción diseñada por TI, y,
naturalmente, continuará en el crecimiento de la pobreza, la violencia y la
disolución social.
Solución al Problema
Entre los problemas "más graves" de
derechos humanos en Honduras figuran la corrupción, la intimidación y la
debilidad institucional del sistema de justicia, lo que lleva a una
"impunidad generalizada", según el Gobierno de Estados Unidos.
Además, durante 2013 se registraron homicidios
"arbitrarios" cometidos por las fuerzas de seguridad y continuaron
los asesinatos de indígenas y trabajadores agrícolas en zonas rurales,
incluyendo la región del Bajo Aguán.
El Gobierno hondureño "tomó medidas" para
enjuiciar y castigar a los funcionarios que cometieron abusos, pero "la
corrupción, la intimidación y el mal funcionamiento del sistema de
justicia" siguen siendo "serios impedimentos" para la protección
de los derechos humanos.
La corrupción es un flagelo que afecta la vida de miles de compatriotas,
extendiendo su manto nefasto hasta lo más recóndito del accionar de la nación.
Es inconcebible como la ambición corrompe el alma de muchos hondureños, quienes
en su afán de acumular riquezas se olvidan de principios éticos y morales y de
la solidaridad que debemos tener hacia los más necesitados. En Honduras la
corrupción está presente bajo todas las formas imaginables; desde las
emergencias ficticias para adjudicar contratos amañados, el nepotismo para usar
los familiares como vehículos para aprovecharse del poder y los pagos debajo de
la mesa para obtener contratos, beneficios fiscales, concesiones o agilizar los
trámites hasta la utilización de los recursos públicos para campañas políticas,
como lo está haciendo actualmente en forma descarada uno de los aspirantes del
partido en el poder.
La corrupción beneficia a unos pocos, pero perjudica a millones de
personas. El mal uso de los impuestos que pagamos los contribuyentes -que
sustentan más del ochenta por ciento del presupuesto- hace que los hondureños
pobres no puedan tener acceso a servicios de salud eficientes y oportunos; que
la educación sea de pésima calidad y que no se reciban los días de clase que se
necesitan; que no se puedan realizar las inversiones en infraestructura para
mejorar la competitividad del país y que, cuando se hacen, resulten de tan mala
calidad que los puentes se caen antes de inaugurarlos.
Honduras ha sido descalificada por segunda vez de la Cuenta del Milenio,
por medio de la cual se pueden obtener importantes recursos de donación para
financiar proyectos que contribuyan a acelerar el crecimiento económico y la
reducción de la pobreza. La principal causa detrás de esta descalificación es
precisamente la falta de transparencia y la corrupción.
En cuanto a la criminalidad, los recientes sucesos que han dejado al
descubierto la podredumbre que afecta a la Policía no han hecho nada más que
incrementar exponencialmente el temor y el estrés en que vivimos los
hondureños. Muchos barrios y colonias están instalando portones o casetas de
seguridad para restringir el acceso, lo cual significa que los ciudadanos
honestos estamos viviendo enjaulados mientras los criminales deambulan
libremente por las calles ¡qué paradoja!
La lucha emprendida por la rectora Julieta Castellanos para la
depuración y estructuración total de la Policía debe tener el apoyo del resto
de la ciudadanía, porque será la única forma por la que los políticos se verán
forzados a actuar. Hay que perder el temor y no esperar hasta que también
seamos víctimas de esta violencia criminal. Mientras tanto, los altos
funcionarios ahora se desplazan en helicópteros, aun dentro de la ciudad, por
la inseguridad y violencia, un lujo que no nos podemos dar todos los
hondureños.
El desempleo es otro mal que afecta a millones de hondureños,
desempleados o subempleados, con las consecuencias negativas para ellos y sus
familiares. Pero cómo se va a generar empleo cuando por un lado tenemos la
violencia y la criminalidad y por otro la inseguridad jurídica, que son
anatemas para atraer inversión privada. Honduras no es una isla y tiene que
competir con otros países para atraer inversión.
Para tener éxito y aprovechar nuestras ventajas de estar cerca del
mercado más grande del mundo, tenemos que ofrecer mano de obra calificada, un
clima de seguridad física razonable, seguridad jurídica, respeto a la propiedad
privada y un clima de negocios donde una empresa honesta pueda competir con
base a eficiencia y calidad y no por contubernio con funcionarios públicos.
Estamos a las puertas de un nuevo año y los hondureños honestos debemos
prepararnos para luchar por cambios estructurales en nuestro país, porque el
imperio de la ley funcione, por adecentar las instituciones públicas y por el
castigo a los violadores de la ley.
Luchemos por un país donde busquemos el bien común, con oportunidades
para todos, para que podamos vivir en paz y armonía.




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